Este importante evento gratuito se realizará este 12 y 13 de noviembre en el auditorio del Colegio de Abogados de La Libertad y será inaugurado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, y contará con la participación del gobernador regional Luis Valdez Farías; así como de las principales autoridades locales y regionales.
“Los Diálogos regionales son mecanismos de participación social a nivel regional en los cuales la ciudadanía expresa, de manera libre, su sentir sobre el ejercicio y protección de los derechos humanos, donde su voz es escuchada al más alto nivel del Estado peruano en materia de Justicia, Trabajo, Educación, Salud, Mujer e Infancia”, señaló Rosa María Montero Musso representante del Viceministerio de Derechos Humanos.
Otro de los objetivos de esta audiencia es fortalecer las políticas públicas locales y regionales para el ejercicio y protección de los derechos fundamentales a favor de todas las personas en cumplimiento del “Plan Nacional de los Derechos Humanos 2014-2016”.
“Estos espacios tienen por finalidad tomar contacto directo con la ciudadanía para conocer el estado actual de los derechos humanos en cada región del país, contribuyendo simultáneamente a fortalecer las políticas públicas locales y regionales para el ejercicio y goce de los derechos fundamentales”, dijo Roberto Uceda López, Director Distrital de la Defensa Pública de La Libertad.
La metodología de los “Diálogos Regionales por los Derechos Humanos” se desarrollará tomando en consideración las variables de accesibilidad, atención, aceptación, avance y retraso.
En accesibilidad se mide todas las facilidades y medios disponibles para el uso de los servicios y ejercicio de derechos. En atención se evalúa el funcionamiento de los servicios, eficacia y resultados en la restitución y protección de derechos.
En aceptación se mide el grado de satisfacción del usuario de los servicios para el ejercicio y protección de sus derechos fundamentales mientras que en avances se calcula los logros y mejora del equipamiento, infraestructura, tecnología y rapidez de los servicios para el ejercicio y protección de los derechos de las personas.
El nivel de atraso se refiere a los problemas sociales e institucionales diversos que afectan los servicios, a nivel local y regional, para el ejercicio y protección de los derechos de las personas.
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